Ingreso, pobreza, riqueza

Les dejo mi columna de hoy en La Nación online:

Tres incertezas complican el debate sobre la pobreza en Argentina.

La primera es que la pobreza se mide en base a una canasta básica de consumo que, según aseguró la directora del INDEC hace unos días, “no tiene ningún valor para saber cómo vive el pueblo” –lo que sugiere que hay muchos más pobres que los pobres del INDEC, o que los pobres del INDEC son cada vez más pobres. Este déficit de información, sin embargo, es subsanable: existen buenas aproximaciones privadas de la canasta básica.

La segunda duda, menos idiosincrática y más compleja, también se relaciona con la falta de datos. En este punto, para no perderse en cuestiones semánticas, conviene ir por partes.

¿Con qué datos contamos? Tenemos buena información del ingreso que los hogares perciben del trabajo, de los beneficios previsionales (pensiones y jubilaciones) y de la asistencia social (seguro de desempleo, asignaciones). En nuestro país, la fuente es la Encuesta Permanente de Hogares (a diferencia de países como Brasil o México, nuestro censo no incluye preguntas sobre ingreso).

Dado que es éste el ingreso del que hablamos cuando hablamos de pobreza y equidad se entienden algunos patrones familiares. Por ejemplo, la alta correlación con el empleo (el desempleado, sin ingreso laboral, es a los fines estadísticos un pobre, sobre todo cuando las redes de protección social tienen alcance limitado) o el efecto benéfico de transferencias como la Asignación Universal por Hijo (en algunos hogares, el principal ingreso) o las mejoras, más graduales, asociadas a la recuperación del salario real. De ahí, el deterioro brusco de la pobreza y la equidad en las crisis, su pronta recuperación en las poscrisis y su amesetamiento posterior.

De los otros ingredientes que son parte esencial del ingreso efectivo (es decir, del consumo y la calidad de vida) de las familias y su distribución sólo hay aproximaciones imprecisas. Algo sobre la distribución de las transferencias públicas “en especie” (bienes públicos o subsidiados como educación, salud, seguridad, transporte, servicios básicos, que son parte de lo que los economistas llaman distribución secundaria del ingreso) y casi nada sobre las rentas financieras, siempre difíciles de estimar y en muchos casos no declaradas.

Sin embargo, el problema fundamental para hablar de pobreza quizás sea el menos visible: no tenemos datos de riqueza.

No todo ingreso es riqueza

Empecemos por el final: una mejora en la distribución del ingreso (por ejemplo, por recuperación del empleo o mejora del salario) puede derivar fácilmente en un deterioro de la distribución de la riqueza. Por ejemplo, si los trabajadores consumen todo su ingreso en bienes y servicios, la mayor parte del incremento del ingreso terminará en la mano de los proveedores de esos bienes y servicios: sus empleadores.

Algo parecido sucede si los instrumentos de ahorro con los que cuenta el trabajador pierden valor a manos de la inflación. Por ejemplo, una política de tasas de interés bajas contribuye al ahorro del deudor (es decir, de los sujetos con acceso al financiamiento: clase media alta, empresas, gobierno) a expensas del ahorro del ahorrista (es decir, del depositante, o del consumidor que guarda su salario en una cuenta sueldo a tasa cero). Así, al final del día, un incremento del ingreso relativo de los que menos tienen puede traducirse en un incremento de la riqueza relativa de los que más tienen.

Detrás de esta aparente contradicción hay una distinción trivial: el empleo y el subsidio, al aumentar el ingreso corriente, reducen la pobreza de hoy pero no la de mañana; para reducir la pobreza de manera permanente (para salir de la pobreza) se necesita un empleo o subsidio permanente o, si aceptamos que ninguna de las dos opciones es deseable o viable, un ahorro.

Desde esta perspectiva de largo plazo, la riqueza (es decir, el valor de los ahorros acumulados) sería algo así como el negativo de la pobreza. ¿Y qué podemos decir de la distribución de la riqueza? Hasta tanto se incluyan preguntas específicas en los censos y encuestas, bastante poco.

Por ejemplo, sabemos que, en las crisis, el gran ahorrista (por estar más alerta o por ser alertado con anticipación) huye antes que el pequeño (que muchas veces no sale). Si a esto le sumamos la concentración del ahorro financiero en los hogares más ricos y los costos de invertir en el exterior, podríamos inferir que la mayor parte de los ahorros argentinos dolarizados en el exterior está en manos de la población de mayores ingresos. En ese caso, si bien el efecto de una devaluación postcrisis sobre la distribución del ingreso suele ser progresivo (por su efecto benigno sobre el empleo), su impacto sobre la distribución de la riqueza sería regresivo.

Riqueza y vivienda

El mejor ejemplo de esta inequidad de hoja de balance –el único para el que tenemos algunos datos– es más cercano en el tiempo.

Con los recaudos que exige toda generalización, podría decirse que las familias ahorran fundamentalmente en ladrillos. Hay otros ahorros, claro: en impuestos y aportes para financiar el sistema de servicios públicos y protección social en países europeos o en Canadá; en seguros de retiro países con estados más reticentes como EE.UU. o Inglaterra. Pero, en ambos casos, la hoja de balance familiar presentará en general deuda hipotecaria del lado del pasivo y metros cuadrados del lado del activo.

Este patrón no es prerrogativa de las clases medias del mundo desarrollado; también se aplica a hogares humildes en países en desarrollo con mercados hipotecarios menos inclusivos. Así, en barrios carenciados de América Latina puede verse el ahorro de hormiga de ladrillos apilados, o el trabajo de fin de semana para levantar una nueva habitación o un nuevo baño.

En ese esquema, la falta de protección contra la inflación –el abuso a veces deliberado del impuesto inflacionario– inhibe ambos tipos de ahorro.

Del lado de las hipotecas, el efecto es claro: las encarece. El tradicional sistema francés de cuota fija exige cobrar en las primeras cuotas lo que la inflación licuará en las últimas; por eso, la primera cuota es hoy tan alta que pocos califican. Y la solución natural a este dilema, la indexación a la inflación, requiere de un índice libre de manipulación que hoy se ve lejano.

Las consecuencias directas se ven en los datos: según el censo, el porcentaje de familias que alquilaban su vivienda, que había bajado en los 90, subió de 11% en 2001 a 16% en 2010. El deterioro no se debió a la crisis: la EPH muestra que la tasa de inquilinización tuvo un sendero ascendente en los últimos años –previsiblemente, más empinado para las familias jóvenes de sectores medios que tuvieron y perdieron el acceso al crédito.

¿Adónde fueron estos ahorros? Para responder esto basta mirar cómo en las carteras de los bancos el stock de hipotecas va siendo gradualmente reemplazado por préstamos personales y tarjetas. Lentamente, la familia argentina pasó de ahorra en ladrillo a “ahorrar” en autos y LCDs –o simplemente a no ahorrar, consumiendo sus excedentes.

Esto no implica que el país como un todo no haya ahorrado; por el contrario, el consumo de unos es el ahorro de otros, como lo atestigua la sólida rentabilidad de las empresas que alimentan ese consumo –o el desendeudamiento del gobierno, beneficiado por las tasas bajas y la licuación inflacionaria.

Lo que la creciente inquilinización de la familia argentina nos dice es que la redistribución progresiva del ingreso medido por la EPH probablemente haya convivido con una redistribución regresiva de la riqueza. En términos más simples, que el aumento de ingreso fue en muchos casos pan para hoy; que la recuperación del empleo redujo la pobreza pero no necesariamente sacó a las familias de la pobreza.

En fin, que un modelo inflacionario de tasas bajas que incentiva el consumo a expensas del ahorro genera una inequidad de hoja de balance, menos visible pero más duradera, que invierte la premisa, heredada de la inmigración, del ahorro como instrumento de movilidad social.