La carrera de precios y gasto social

Mucho se habla de las bondades distributivas de la Asignación Universal por Hijo (la AUH, promovida por la oposición y felizmente suscripta por el gobierno) y de las maldades distributivas de la inflación (en particular, de la “inflación de la canasta básica”, o ICB, que incide directamente en hogares de bajos ingresos, y en el cálculo de la pobreza y la indigencia). Poco, sin embargo, se dice de la relación entre estas dos –y de su similitud con la carrera de precios y salarios, un clásico argentino.


Empecemos con una perogrullada que no está de más recordar dada la simplificación a la que a veces nos lleva la polarización de ideas y la tweeterización de la política: a los gobiernos no se los evalúa por un par de medidas afortunadas sino por el resultado de toda una gestión. Pensar que la era K aprueba el examen de progresismo con la renovación de la corte, la AUH, y el matrimonio gay (todas medidas saludadas por un servidor) es pensar la política en términos de anuncios y acciones aisladas,es decir, en términos de hits o medición de audiencia.

La equidad siempre es particularmente difícil de medir. Es el fruto no de un par de anuncios reparadores, sino de toda una gestión, que incluye el congelamiento de los planes de protección social de la gestión de Duhalde, la depuración y extensión del numero de pensiones, los programas de empleo, la moratoria previsional que benefició a todos lo deciles de ingreso, la inflación de alimentos sustancialmente más alta que los ya altos niveles de inflación del IPC, el variopinto entramado de subsidios, la AUH, etc., así como los cambios en la estructura tributaria que determina como financia el gobierno todas estas medidas. Es también resultado de un gasto en bienes públicos (educación, salud, seguridad, servicios) aún más díficil de cuantificar. En suma, es el efecto acumulado de medidas buenas, malas, mediocres o inocuas.

Llevando esta premisa a su mínima expresión, resulta imposible pensar la AUH sin la inflación de canasta, y viceversa. Es que la AUH y la inflación son como el huevo y la gallina. Uno podría, por ejemplo, interpretar la AUH como la compensación del gobierno por el aumento de la pobreza, insinuado por cualquier estimación no oficial, y en gran medida fruto de la inflación de alimentos. Alternativamente, uno podría argumentar que la AUH implica una mayor inflación, dado que requiere de un financiamiento adicional en un contexto donde la inflación (mediante transferencias del Banco Central) se ha convertido en la fuente marginal de ajuste fiscal –es decir, la que cuadra, mediante emisión o licuación de pasivos, la diferencia entre el peso adicional necesario para el incremento del gasto y el ingreso del gobierno. (Algún día habrá que dedicarle un post a calcular como se debe el efecto fiscal “benigno”de la inflación, con el que tanto se improvisa.)

En menos palabras, la AUH podría ser tanto consecuencia como causa de la alta inflación. De hecho, bien podría argumentarse que la relación es de naturaleza dinámica, ya que la segunda precipita un ajuste de la AUH que, a su vez, incrementa la presión sobre los precios de la canasta básica–precipitando un nuevo ajuste de la AUH. En otras palabras, una carrera entre precios y gasto social. (Que el gobierno pueda vender cada retoque al gasto social compensatorio de la inflación como una prueba de progresismo es fruto tanto del marketing político como del análisis del gasto social de manera aislada).

En todo caso, medir el efecto de la AUH sin tomar en cuenta la inflación es, a mi juicio, un ejercicio parcial y académico. Pero ¿cómo medir el efecto neto de una AUH financiada con inflación?

Como primer paso, por ejemplo, podemos definir y estimar de manera muy grosera la “ICB equivalente” a la AUH en 2010: la variación en la canasta de alimentos que, traducida en inflación de la canasta básica, deja el nivel de pobreza en el mismo nivel en el que estaba antes de la AUH.

El ejercicio tendría dos etapas. Primero, una simulación, en base a la información de la EPH, del impacto de la AUH sobre la distribución de ingreso y sobre los indicadores sociales. Segundo, una simulación similar del impacto de un 1%, 2%, 3% de ICB hasta obtener una línea de pobreza similar a la existente antes de la AUH.

Pues bien, con la ayuda de mi distinguido colega Luciano Cohan hemos hecho tales simulaciones de manera aproximada: la “ICB equivalente” a la AUH es de 5%.



(Podría agregarse un tercer paso: una estimación de la elasticidad de la ICB con respecto a la inflación del IPC. Pero la inflación de alimentos ha mostrado influencias impredecibles por lo que cualquier intento de estimar esta elasticidad sería arriesgado. Baste señalar que si la ICB equivalente es del 5%, la inflación IPC equivalente será seguramente menor.)

¿Qué significa esto? Primero, que una inflación del 5%, de no mediar otros ajustes, neutralizaría el efecto de la AUH. O lo que es lo mismo, que la AUH sólo compensó por 5% de los 25% [sustituir con la estimación de preferencia] de ICB en 2010.
Claro está, la inflación genera tiene sus propios ajustes para la población por debajo de la línea de pobreza: los salarios informales (la norma en esta población) y, en menor medida, las jubilaciones se incrementaron en 2009, por lo que sería más acertado decir que la AUH compensó en parte el rezago de los ingresos de los hogares de menores ingresos en relación a la ICB. Por otro lado, la distribución es sensible al nivel de actividad (traducida a su vez en variaciones del empleo y subempleo). Sumando todos estos factores, no sorprende que la situación de pobreza haya mejorado en relación al valle de mediados de 2009 (y sea comparable a los niveles de finales de 2008).




Otra manera de interpretar este resultado es desde el punto de vista estrictamente fiscal: la AUH costará aproximadamente 7 a 8 mill millones de pesos en 2010, o 6% de la base monetaria. Simplificando a niveles vertiginosos, podríamos decir que el paliativo distributivo de elevar los precios un 6% se paga solo, con un financiamiento inflacionario que, por definición, equivale a 6% de la base. Y deja al gobierno, que recauda un pedazo del PIB nominal, con más para gastar, en la medida en que licua parcialmente deuda en CER (índices dibujados por el Indek), en pesos (tasas deprimidas por el BCRA) y en dólares (apreciación real), presupuesto pactado nominalmente, mínimo no imponible de ganancias, jubilaciones, etc. Todos perdedores diseminados y con poco poder de negociación.

¿Significa esto que la inflación es la llave del incremento sostenible del gasto? No necesariamente. En el corto plazo, la dinámica puede ser estable gracias a la falta de indexación. En el mediano plazo, sin embargo, los perdedores no pueden perder por siempre: tienden a defenderse o fugar. Los ahorristas en pesos buscarán otros activos cuando el margen de apreciación real del peso se agote, los presupuestos nominales serán más abultados, los sindicatos exigirán la indexación del mínimo no imponible (del mismo modo en que ya exigen la de salarios), y los jubilados…bueno, ya se ha dicho en este blog que estamos en contra de la indexación del gasto, pero ¿realmente alguien piensa que las jubilaciones pueden ser el mecanismo de ajuste fiscal?

El gobierno está listo para repetir en 2011 este esquema de toma y daca: elevará AUH y jubilaciones para compensar una ICB de 25% [de nuevo, sustituir…]. Será el próximo gobierno el que deberá desactivar esta dinámica puja distributiva. ¿Quién en la oposición está preparado para esto?