¿Qué se puede hacer con la inflación?

Ingredientes básicos: nuevo índice de inflación en base a una metodología y muestreo creíble, programa monetario consistente con un rango indicativo de inflación como meta, presupuesto en línea con este rango de inflación, concertación de precios y salarios que plantee aumentos en base a la meta (contingentes a que ésta se cumpla), y política cambiaria que modere la velocidad de ajuste del tipo de cambio reduciendo (pero no eliminando) su rol de ancla nominal.

Con las ventajas que dan el espacio y la capacidad de editar, en lo que sigue elaboro lo que intenté decir en esta entrevista.

Para ahorrar tiempo, parto de la base de que existe un problema inflacionario. Esto es, que ni el incremento en la concentración de mercado, si lo hubiera, ni el efecto diferido de la devaluación de 2002, ni el shock de commodities (energía y alimentos) que experimentó toda la región incluyendo países como Perú donde el componente de alimentos del IPC es bastante mayor al nuestro, y donde los combustibles y el transporte no están tan fuertemente subsidiados) no explicaría una inflación acumulada desde principios de 2007 de entre 70% y 90% según diversas fuentes (incluyendo algunas oficiales) ni una aceleración de la inflación en momentos en los que la tasa de crecimiento se desacelera. Esto, sin contar el atraso tarifario, que es inflación barrida bajo la alfombra (o, mejor dicho, transferida al fisco como subsidios).

O sea, parto de la base de que hay un problema que excede factores estructurales o transitorios, y que en algún margen tiene que ver con un exceso de demanda alimentado por una política fiscal expansiva (y, en muchos años, procíclica) y una política monetaria, en el mejor de los casos, acomodaticia (viene a cuento la expresión inglesa benign neglect, aunque en este caso el ninguneo del problema sería maligno más que benigno). (Soy consciente de que no todos concuerdan con esto, pero de algo hay que partir: del diagnóstico depende el tratamiento). Más importante aún: asumo que la inflación es hoy 2/5 impulso de política, y 3/5 inflación inercial (expectativas adaptativas e indexación implícita a la inflación pasada), o 10% y 15% si cerramos con una proyección de la inflación para el año cercana al 25% (aquí el lector puede usar sus propios números, no son esenciales para el argumento).
Entonces ¿cómo contener las expectativas inflacionarias para llevar la inflación nuevamente a niveles de un dígito en un par de años? Por un lado, la inflación presenta dos problemas en uno: eliminar los impulsos de política, y erosionar el núcleo duro de inflación inercial (el que explica una inflación de dos dígitos con contracción del producto en 2009), lo que requiere un cuidadoso manejo y concertacion de expectativas.

Por otro lado, el orden en el primer párrafo de este post no es casual sino causal: no se puede contener expectativas de manera retórica, sin coordinar aumentos alrededor de una pauta realista de inflación futura; ninguna pauta realista es creíble sin políticas monetaria y fiscal consistentes con ella; ninguna política (o pauta) tendrá efecto sin una medición creíble que permita el seguimiento y los ajustes pertinentes. Cada uno de estos puntos puede elaborarse ad nauseam. Brevemente:

El tema IPC tiene dos aristas: la recuperación institucional del INDEC, compleja pero fácilmente realizable (le ahorro al lector los tediosos detalles), y la revisión del IPC, que representa el escollo más delicado, ya que involucra no sólo consideraciones metodológicas sino, fundamentalmente, cuestiones legales y de política fiscal. Por estas cuestiones, lo más probable es que el cálculo del IPC se modifique sólo a futuro, introduciendo una nueva metodología, de modo de soslayar problemas de empalme con el nivel subestimado de la serie original –nueva metodología que, a fin de no malgastar el reticente voto de confianza, sería esencial implementar al tiempo cero del plan antiinflacionario.

Reconstruir la confianza en el banco central requiere: (i) que el BCRA reciba un mandato (y reconozca su rol) en este frente: un banco central que censura la palabra inflación de sus informes (como fue el caso hasta fines de 2009) o que la atribuye a factores estructurales de oferta de los que se desentiende (como sucede ahora), difícilmente contribuya a recortar las expectativas inflacionarias; (ii) que el programa monetario contenga metas y objetivos intermedios asociados con la evolución de los precios, no en el sentido estricto de un esquema de metas de inflación hoy inaplicable, sino como compromiso realista (el fracaso de una meta ambiciosa sería muy costoso) que sirva como guía para los acuerdos salariales y la fijación de precios; (iii) que el Banco Central cuente con autonomía operativa: libertad para ejecutar las políticas convenidas, definidas por el Ejecutivo en un proceso en el que el BCRA participa como soporte técnico (una suerte de intelligence unit).

No vale la pena elaborar sobre el papel de la política fiscal en este frente, basta mencionar que es ingenuo pensar en un plan anti inflacionario solamente basado en la restricción monetaria, y sin tomar en cuenta la incidencia del gasto público: la elaboración del programa monetario debe ser consistente tanto con la meta como con el presupuesto.

Una vez establecidos y comunicados la pauta de inflación, el presupuesto y el programa monetario, se convocaría a una mesa de negociación a empresarios y representantes sindicales, con el fin de acordar un esquema de precios y salarios que minimice el costo en términos de nivel de actividad de alcanzar la meta inflacionaria. La misma mesa debería colaborar y suscribir soluciones (o digerir decisiones) en otro frente: la sustitución del subsidio tarifario (y, en menor medida, del transporte) por una tarifa social, lo que implicaría una aumento adicional en el nivel de precios (que la progresividad del ajuste apenas atenuaría). Si bien es difícil monitorear los aumentos de precios entre privados, y las prácticas coercitivas suelen tener impacto limitado en el tiempo, un esquema que desinfle expectativas hace más difícil la remarcación preventiva con riesgo a quedar muy por encima de la pauta. Así como la inflación alta reduce el valor informativo de los precios e inhibe la discriminación del consumidor, una menor expectativa de inflación potencia la búsqueda y disciplina las fijación de precios.

Por última, la política cambiaria debería tener un rol menor al actual. Es difícil sostener empíricamente que Argentina sufra hoy un problema de competitividad: la definición de tipo de cambio real de equilibrio es esquiva en países con mercados laborales segmentados e informales, sectores con productividades altamente diferenciadas, y un sector externo intervenido que reacciona sólo espasmódicamente al cambio de precios relativos (tiendo a pensar que las comparaciones históricas poco aportan en este frente). Además, es difícil encontrar evidencias de una elasticidad de corto plazo de la balanza comercial (cambios en los volúmenes exportados e importados fruto de un cambio en el TCR), y aún es temprano para un análisis de largo plazo del período de poscrisis.

Pero todo es cuestión de magnitudes. La tendencia actual indicaría que con una inflación esperada de 50% en el bienio 2010-2011 y una depreciación esperada del 20%, en un contexto de monedas emergentes sin tendencia definida, el próximo gobierno encontrará la moneda un 30% más apreciada, un número que pone un techo al margen para una apreciación real adicional, tanto deliberada como de mercado. Todo esto en un contexto en el que no es improbable un déficit comercial en 2011, y en el que los flujos de capitales financieros aún nos son esquivos. Ni el gobierno debería exagerar con la apreciación real, ni es de esperar que el la presión de mercado empuje en esa dirección como lo hace ahora.

Hay variaciones y detalles de todo lo expuesto, que quedarán para más adelante. El post tiene que terminar alguna vez, así que terminémoslo con algunos números. A modo de ejemplo, si el programa se redactara al día de hoy, asumiendo un componente inercial de la inflación del 15%, una política cambiaria que anclara la depreciación nominal un 5% por debajo de la meta, y gasto público y aumentos salariales (contingentes) en línea con la pauta inflacionaria, un esquema de metas asequible sería 15% los primeros 12 meses, y 9% los siguientes 12 meses, esto es, una inflación de un dígito en dos años.